🔬 La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de EE. UU. propuso el 28 de mayo una norma que daría a cargos políticos el poder de limitar o anular la financiación de proyectos científicos, al margen de la revisión por pares. Las decisiones podrían depender de si las opiniones y redes sociales de cada investigador encajan con el partido en el poder.
La regla, llamada «Guidance for Federal Financial Assistance», establece que la revisión por pares «sigue siendo consultiva y no sustituye la discreción de la agencia». En la práctica, un designado político —un empleado nombrado por cargos electos, sin requisito de formación ni experiencia— podría rechazar un proyecto bien valorado por sus colegas. «Sustituyes la revisión por méritos por una revisión política partidista», dijo Casey Dreier, jefe de política espacial de The Planetary Society, a Space.com.
La norma haría obligatorio que un designado político revise cada subvención y se apoya en una orden ejecutiva de 2025 que mandaba financiar proyectos que «promuevan las prioridades del presidente». Según el texto, responde a una supuesta falta de «transparencia y rendición de cuentas» entre 2021 y 2024, y critica el uso de fondos para una agenda «woke» y prácticas de diversidad e inclusión que considera ilegales.
En el espacio, el efecto sería directo. Un científico experto en Venus podría ver rechazada su solicitud si un cargo decide que «el presidente ya no se interesa por Venus, solo por la Luna» —incluso si el Congreso reservó ese dinero para esa investigación, lo que Dreier describe como una forma de retener recursos. La norma también limitaría la colaboración internacional: dificultaría publicar, asistir a congresos o acceder a ciertos observatorios. Cole Donovan, de Stand Up for Science, advierte de un riesgo en órbita: los operadores de satélites no podrían contactar con operadores chinos ante riesgo de colisión, pese a que se generan «decenas» de esos avisos de emergencia cada día.
✅ La medida reabre el debate sobre quién controla la ciencia pública y con qué criterios. Dreier alerta de que centralizar ese poder serviría también a cualquier administración futura para imponer sus propios filtros partidistas. Límite clave: es una propuesta, aún no finalizada. Por ley debe abrirse a comentario público y el Gobierno está obligado a responder antes de aprobarla. Las afirmaciones sobre su impacto proceden de grupos de defensa de la ciencia críticos con el texto, no de un análisis independiente.
