El 2 de agosto, la Oficina Europea de IA obtuvo facultades para investigar a grandes tecnológicas y sancionar incumplimientos de la Ley de IA de la Unión Europea. La medida busca exigir a los creadores de modelos avanzados datos sobre entrenamiento, derechos de autor y seguridad, en un debate global aún abierto.
La ley divide los sistemas de IA en cuatro niveles de riesgo. Los de alto riesgo, usados en dispositivos médicos, educación o fuerzas de seguridad, afrontan requisitos de transparencia y supervisión humana. Los sistemas con «riesgo inaceptable» quedan prohibidos, aunque existen excepciones para las fuerzas de seguridad.
Los modelos con riesgo sistémico, incluidos los de frontera, deben cumplir medidas extra salvo cuando se usan para investigación. Sus creadores deben presentar datos sobre entrenamiento y métodos, respetar los derechos de autor y mostrar que pueden mantener la seguridad. La oficina puede pedir documentos, evaluar modelos y aplicar multas de hasta 15 millones de euros o el 3 % de la facturación global anual.
✅ Estas facultades dan al regulador herramientas concretas para exigir cuentas a las empresas. Pero aún no hay acuerdo global sobre qué regular y cómo, y la oficina cuenta con unas 140 personas mientras busca ampliar su equipo técnico.
