🔬 Linda Guamán, microbióloga de la Universidad UTE en Quito, pasó de diseñar una estrategia de pruebas COVID-19 a enfrentar una causa penal por fondos públicos. El caso importa porque puso bajo juicio el uso de tests LAMP, una alternativa a PCR durante la escasez global de reactivos.
En abril de 2020, Ximena Abarca, científica de salud pública y exviceministra de Salud, invitó a Guamán a trabajar en la estrategia de testeo de Quito. La ciudad había comprado cerca de 100 000 pruebas rápidas de punto de atención a una empresa extranjera. Antes de que ella aceptara, la prensa ya hablaba de sobreprecio.
La investigación se centró en por qué Quito usó pruebas LAMP en vez de PCR. Según el artículo, LAMP se parece a PCR, pero es más rápida y simple porque no requiere ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento. Michael Mina, epidemiólogo e inmunólogo, declaró por video en el juicio y dijo a Nature que LAMP era una alternativa «de calidad excepcional» y disponible cuando escaseaban reactivos de PCR.
En marzo de 2021, Guamán fue acusada de malversar fondos públicos junto con Abarca, el entonces alcalde Jorge Yunda y otras 11 personas, sobre todo científicos y trabajadores de salud. Los fiscales usaron un reporte encargado por Guamán, publicado como paper en enero de 2021, que midió una sensibilidad de 61,9 % en los tests LAMP. Guamán dice que la corte rechazó el argumento de que eso los volvía deficientes.
El proceso dejó restricciones duras: debía reportarse dos veces por semana a la policía, no podía comprar ni vender bienes y tuvo que usar una tobillera. En 2023 pidió retirarla para dar a luz; días después del nacimiento de su hijo, la policía volvió a colocarla. En 2025, el juicio se reanudó y duró 30 días. Guamán preparó su defensa como «la clase más importante de su vida», con objetos de laboratorio para explicar carga viral, ADN y PCR.
✅ Este caso muestra cómo una decisión técnica en salud pública puede quedar atrapada en una disputa política y judicial. El límite: el artículo reconstruye el proceso y las posturas de apoyo, pero no permite evaluar por sí solo la compra de las pruebas ni todo el expediente judicial. ⚕️ No es consejo médico.
