🔬 Dos virólogos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) enfrentan cargos por el presunto ingreso no declarado de muestras no infecciosas con ADN de monkeypox virus (MPXV) al volver por Detroit en enero, tras trabajo de campo en la República del Congo. El caso ya escaló a debate legal y político sobre bioseguridad.
Según una denuncia penal del Departamento de Justicia de EE. UU., los científicos Vincent Munster y Claude Kwe habrían omitido declarar muestras biológicas y luego habrían mentido a funcionarios sobre su naturaleza. La denuncia indica que análisis del FBI al 29 de mayo detectaron ADN de MPXV en las muestras, pero que ninguna era infecciosa. Estos materiales no requieren permiso de importación, pero sí deben declararse.
Ambos se declararon no culpables. El defensor federal comunitario Benton Martin, que representa a Kwe, dijo que su cliente “se presume inocente” y que esperarán futuros pasos antes de comentar. El abogado de Munster, citado para una audiencia inicial el 22 de julio, no respondió a una solicitud de comentario. El caso también puso el foco en su lugar de trabajo, el Rocky Mountain Lab (RML) del NIH en Hamilton, Montana; el RML y el Departamento de Salud y Servicios Humanos declinaron comentar por tratarse de un proceso en curso.
En el plano político, miembros del Congreso pidieron investigar el laboratorio e impulsaron legislación para imponer penas graves por contrabando de agentes biológicos. El senador Tom Cotton afirmó que “introducir ilegalmente virus peligrosos… amenaza la salud y seguridad” del país. En contraste, algunos científicos defendieron a la pareja: Angela Rasmussen (Universidad de Saskatchewan) señaló que inactivar virus con sustancias químicas potentes puede volverlos inertes y escribió que “podrías beberlos y no infectarte”. Otros coinciden en que las muestras inactivadas no suponen riesgo, aunque Melanie Ott (Gladstone Institutes) subrayó que “las reglas se deben cumplir” y que la comunidad de virología no avala atajos.
✅ Este caso pone sobre la mesa dos cosas a la vez: el riesgo real de las muestras (que, según la denuncia, no eran infecciosas) y el cumplimiento de reglas como declarar materiales y llevar certificaciones. El límite clave es que varios puntos se discuten en un proceso legal en curso, con acusaciones que los científicos niegan, y aún faltan decisiones judiciales y detalles verificados públicamente.
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